Por: Germán Ruiz
El 27 de octubre de 2026, representantes de Centroamérica y República Dominicana se reunieron en San Salvador para discutir una dificultad que conocen muchas pequeñas empresas: sus clientes reconocen la marca y vuelven a comprar sus productos, pero al solicitar crédito les cuesta demostrar cuánto vale ese nombre comercialmente.
En la IX Reunión Ministerial sobre Propiedad Intelectual, en la que participó Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los países adoptaron una declaración que da prioridad a una tercera fase de iniciativas de financiamiento para pymes. Entre ellas figuran proyectos piloto para que las instituciones financieras puedan evaluar marcas y otros activos intangibles. Para una empresa con pocos bienes físicos y una clientela fiel, esa evaluación plantea una cuestión concreta: ¿qué parte de sus ventas depende de la marca y cómo puede demostrarlo ante un prestamista?
¿Cómo puede una marca facilitar el acceso a financiamiento?
Una marca distingue productos o servicios, pero su utilidad financiera depende de la actividad comercial que ayuda a sostener. El reconocimiento entre clientes, las licencias y los ingresos vinculados a los productos identificados pueden aportar evidencia de su valor. Un inversionista puede considerarla al valorar la empresa; un prestamista puede examinarla como indicador de capacidad de pago o como posible garantía. Cada uso exige una evaluación distinta.
La OMPI distingue esas funciones de los activos de propiedad intelectual y advierte que su aceptación como garantía aún no es una práctica generalizada. Por ello, el prestigio comercial de una marca no basta: el análisis debe identificar el derecho, los ingresos que pueden atribuírsele razonablemente y los riesgos que afectarían su explotación.
¿Puede una marca darse en garantía en El Salvador?
Sí. El artículo 36 de la Ley de Garantías Mobiliarias permite constituir garantías sobre derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas. La publicidad de esa garantía se realiza mediante su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias. Cuando corresponde, este registro solicita la anotación en el registro de propiedad intelectual. La ley también exige que, para bienes cuya propiedad consta en un registro específico, quien los otorgue en garantía aparezca como titular en ese registro.
Esta posibilidad jurídica ya existe. Los proyectos piloto anunciados en la reunión regional buscan mejorar la evaluación de intangibles; no crean el derecho de gravar una marca en El Salvador. La norma tampoco obliga a una entidad financiera a prestar o a aceptar una valoración determinada. La operación requiere acuerdo entre las partes y cumplimiento de los requisitos contractuales y registrales aplicables.
¿Qué debe demostrar una empresa para que su marca sea evaluable?
El primer paso es ordenar el expediente jurídico: certificado de registro, titular, productos o servicios protegidos, territorios, vencimientos, licencias y eventuales gravámenes o controversias. Si la marca se explota en varios países, debe verificarse cada derecho y la posibilidad de constituir una garantía conforme a la legislación correspondiente. Una inscripción salvadoreña no extiende automáticamente sus efectos a toda Centroamérica.
El segundo paso es reunir evidencia económica: ventas por línea de producto, márgenes, contratos de licencia, regalías e inversión publicitaria. La OMPI identifica métodos de valoración basados en ingresos, mercado y costo; escoger uno exige considerar la calidad de los datos y el propósito de la operación. El costo de registrar o promocionar una marca no equivale, por sí mismo, a su valor como garantía.
También deben documentarse los riesgos: dependencia de un solo producto, uso por terceros sin contrato, disputas de titularidad, vencimientos próximos o cambios reputacionales. Esos factores afectan el valor y la posibilidad de ejecutar el derecho. Una valoración profesional debe explicar sus supuestos y límites, especialmente cuando separa el aporte de la marca del desempeño general del negocio.
Implicaciones empresariales de la iniciativa regional
Los proyectos piloto podrían acercar a empresas, especialistas en valoración y entidades financieras, pero su anuncio no asegura la disponibilidad inmediata de nuevos productos de crédito. Una compañía interesada en financiarse con propiedad intelectual puede preparar su expediente y consultar criterios de potenciales prestamistas, sin basar su planificación financiera en un programa aún por desarrollar.
Para gerencias y equipos legales, registrar marcas relevantes, asignar correctamente su titularidad, controlar renovaciones y formalizar licencias protege la continuidad del negocio. Vincular esos datos con cifras de explotación verificables facilita conversaciones concretas con bancos e inversionistas. La revisión también permite detectar si una marca estratégica ya está comprometida o si los contratos restringen su uso en una operación financiera.
Recomendaciones para preparar una operación con una marca
Antes de negociar, identifique qué marca aporta valor al negocio y confirme su estado registral. Revise contratos de licencia, cargas y litigios; reúna cifras que sustenten la explotación comercial; y solicite una valoración adecuada al objetivo de la transacción. Contraste el resultado con los criterios del financiador y defina contractualmente el uso, mantenimiento y eventual ejecución de la marca.
Si la empresa opera regionalmente, separe el análisis por jurisdicción. La aceptación del activo, la constitución de la garantía y sus efectos frente a terceros dependen de cada marco legal. La coordinación temprana entre asesores jurídicos, financieros y de valoración ayuda a identificar vacíos documentales antes de presentar una cartera de marcas a potenciales financiadores.
Una marca puede abrir opciones de financiamiento cuando la empresa demuestra su protección jurídica, su explotación económica y la posibilidad de mantenerla vigente. En El Salvador, la Ley de Garantías Mobiliarias permite ofrecerla como garantía; la iniciativa regional apunta a mejorar la capacidad de evaluar estos activos. La decisión crediticia sigue correspondiendo a cada financiador. Una revisión preventiva del portafolio permite detectar problemas de titularidad, contratos o valoración antes de negociar y ayuda a presentar la marca como un activo empresarial sustentado en evidencia, no solo en expectativas comerciales.
Latin Alliance puede ayudarle a revisar la titularidad, vigencia, contratos y riesgos de su portafolio de marcas, y a preparar la documentación jurídica para una posible operación de financiamiento respaldada por propiedad intelectual.
Preguntas frecuentes:
¿Puede la empresa seguir utilizando una marca ofrecida como garantía?
En términos generales, el uso puede continuar mientras el titular conserve el derecho, pero el contrato de financiamiento puede imponer condiciones sobre licencias, transferencias o mantenimiento. La OMPI advierte que esas restricciones dependen de la operación. Antes de firmar, conviene verificar qué decisiones comerciales requerirán autorización del acreedor y qué consecuencias tendría un incumplimiento.
¿Qué ocurre si la marca pertenece a otra sociedad del mismo grupo?
La pertenencia al grupo empresarial no reemplaza la titularidad registral. En El Salvador, la Ley de Garantías Mobiliarias dispone que, si el derecho consta en un registro específico, solo puede darlo en garantía quien figure como titular. La estructura de la operación debe reflejar esa titularidad y revisar los contratos de licencia o uso entre compañías vinculadas.
¿Puede valorarse una marca aunque no genere regalías por licencias?
Sí, es posible analizar su contribución cuando se utiliza directamente en productos o servicios, aunque separar ese aporte del resto del negocio puede ser difícil. La OMPI contempla la explotación directa como fuente de beneficios económicos. El método y la evidencia necesarios dependerán de la marca, del sector y de las exigencias de la entidad financiera.