Por: Paola Lambert

Unas de las alternativas sostenibles que impulsarían a mejorar los indicadores de ingresos, pobreza, empleos, y desarrollo positivo en general de nuestro país, es el fortalecimiento de la competitividad y la promoción de la actividad productiva, emprendedurismo e inversión extranjera, a través de la Innovación y manufactura tecnológica. De lo anterior nace la necesidad de apoyo por parte del Estado para regular aquellos procesos de innovación, tecnología y sus incentivos.

Al respecto, la Asamblea Legislativa, el pasado 18 de abril, aprobó la Ley para el Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, con 69 votos a favor de los diputados, la cual será aplicable sobre aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la programación, mantenimiento de sistemas informáticos o softwares; desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad; fabricación y ensamblaje de piezas y equipo tecnológico, robótico y aeronaves; ingenierías de tecnologías industriales, entre otros.

Con el objetivo de acelerar la innovación en el sector de tecnología en nuestro país, se han establecido 5 incentivos fiscales que tendrán duración de 15 años, a partir de contar con el Acuerdo de Calificación:

  • Exención total del Impuesto sobre la Renta
  • Exención de todo tipo de retenciones del Impuesto sobre la Renta
  • Exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado por los beneficiarios
  • Exención del pago de la Ganancia de Capital
  • Exención total del pago de los derechos arancelarios a la Importación de bienes, insumos, maquinarias, equipos y herramientas para desarrollo de actividades

La aplicación de la presente Ley corresponderá al Ministerio de Economía; su vigilancia y control efectivo del régimen aduanero y fiscal corresponderá al Ministerio de Hacienda.

Cabe resaltar que, pese a la finalidad e intención positiva de la presente Ley, existen puntos sustanciales de regulación que faltarán por desarrollarse en su propio Reglamento, como los criterios y/o requisitos de selección de empresas aptas para la obtención de un Acuerdo de Calificación para optar a los incentivos fiscales.

Concluyendo, la iniciativa de ley puede ser muy favorable para la economía del país, pues a diferencia de inversiones tangibles en otros sectores, que necesitan sumas económicas considerables y periodos de desarrollo prolongados, el sector informático y de desarrollo, permite activar economías casi de inmediato, razón por la cual, con la entrada en vigencia de dicha ley, se invita a un auge de la inversión nacional y extranjera y, por ende, ecosistemas de negocio que se traducirán en mayores oportunidades de empleo; además, permite beneficios en eslabón, pues dinamiza la economía e impulsa al país en tema educacional, encaminando sus labores a formar el talento y capital humano, desarrollando personal capacitado, con conocimiento especializado en el área.